La corte que regula la actividad de vigilancia e inteligencia le permitió a la empresa hacer públicos los recursos legales impuestos contra los pedidos de información de la NSA. 

 Yahoo ha logrado una victoria importante de cara a limpiar su imagen frente a los usuarios. 

El escándalo de las actividades de la NSA golpeó a varias empresas dañando la confianza que tenían los usuarios en ellas. Muchas de estas compañías reaccionaron pidiéndole al gobierno estadounidense y a la justicia que les permitiera informar sobre los datos que se les pedían año a año. La idea era por un lado llevar cierta tranquilidad al público, y por otro demostrar el rol y el nivel de responsabilidad que les podía caber a las empresas.
Yahoo! ha conseguido una primera victoria en este aspecto. El juez Reggie Walton, de la US Foreign Surveillance Court, la corte que regula los trabajos de inteligencia llevados a cabo, señaló que la empresa comenzará una revisión desclasificada de las opiniones vertidas por esa misma corte en el caso Yahoo! y de las respuestas legales suministradas de las partes involucradas. En pocas palabras, esto le permitirá a Yahoo! mostrar sus intentos por oponerse ante los pedidos de información hechos por las agencias de seguridad. El Departamento de Justicia retendrá su derecho a editar las partes que podrían ser demasiado delicadas para llevarse al conocimiento público.
Yahoo! ha señalado que espera que una vez que los documentos se haba públicos aporten a la discusión sobre la privacidad en Internet. En muchos casos las empresas emiten informes de transferencia año a año, incluyendo en ellos los pedidos de datos que les hacen los gobiernos. Sin embargo, los pedidos de la NSA son casi siempre clasificados y las empresas no pueden hablar de ellos. El caso al que se refiere Yahoo! se remonta a 2008, y tuvo lugar bajo la Foreign Intelligence Surveillance Acta (FISA), que impedía que los datos se dieran a conocer al público. Yahoo! apeló esta medida en 2008 señalando que los pedidos de la NSA en el programa Prism violaba los derechos de los usuarios contra búsquedas y detenciones irrazonables garantizados en la cuarta enmienda.